Condado de Los Ángeles cancela programa 287(g)

Con una cerrada votación 3-2, los supervisores pidieron además que se elabore un análisis del plan que supliría al 287(g), el Programa Prioritario de Aplicación de la Ley (PEP), que se enfoca en condenados por delitos graves, como terrorismo, espionaje o representan una amenaza a la seguridad nacional.

Activistas dijeron que no bajarán la guardia pues consideran que PEP es un “lobo vestido de oveja”, porque mantiene el lazo entre el Sheriff angelino y la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Es un paso hacia adelante que se elimine 287(g), pero ahora nos toca vigilar los detalles del nuevo programa”, expresó Pablo Alvarado, dirigente de la Red Nacional de Jornaleros.

Afuera de la sala donde se reúnen los supervisores angelinos se escuchó “¡ICE fuera de Los Ángeles!”.

Con este cambio, el condado de Orange es el único en California que aplica el 287(g).

La supervisora Hilda Solís, coautora de la moción, dijo que esta medida evitará la deportación de indocumentados que cometieron delitos menores –como vender en la calle- o que son elegibles para los alivios migratorios; al tiempo que elevará la confianza que la comunidad tiene hacia sus autoridades.

“Desde 2005 agentes federales de migración han estado dentro de la cárcel. El resultado ha sido una gran cantidad de personas deportadas, familias separadas y sufrimiento en la comunidad”, dijo Solís en una conferencia de prensa que se realizó antes de la discusión sobre su moción.

“No queremos que eso vuelva a ocurrir”, enfatizó la legisladora local.

Solís pidió un voto de confianza para PEP, subrayando que sólo deportará a los criminales peligrosos, pero su colega Sheila Kuehl pidió al Sheriff que presente en tres meses un reporte con los detalles de cómo funcionaría dicho plan, que en otoño sustituyó al criticado “Comunidades Seguras”.

Entre los detractores de la eliminación del 287(g) se encontraban familiares de Jamiel Shaw, el joven afroamericano asesinado a balazos por un indocumentado, y de Dave March, un agente que fue muerto por un inmigrante que había sido deportado en tres ocasiones.

“¿Qué harían ustedes si un ilegal balea en la cabeza a sus hijos?”, preguntó a los supervisores Jamiel Shaw padre. “Ustedes trabajan para ciudadanos americanos”, continuó.

Mientras que Barbara March, la madre del agente muerto, expresó: “los americanos han sido victimizados por los indocumentados”.

Otras voces reclamaron que la moción de Solís alentaba la migración indocumentada; incluso se escucharon argumentos duros como el que los indocumentados “no tienen derechos más que el de regresar a sus países de origen”.

El supervisor Mike Antonovich, quien votó en contra de tal propuesta, habló sobre la importancia de que el Sheriff colabore con agencias federales y mencionó que el 287(g) ha expulsado exitosamente a casi 20,000 indocumentados. “Es difícil eliminar un programa que se enfoca en los criminales”, comentó.

La activista Dolores Huerta acompañó a la supervisora Solís para hablar a favor de su iniciativa. “Celebramos que más familias no serán separadas”, comentó la fundadora del Sindicato de Campesinos (UFW) y resaltó que dicha medida “está basada en confianza, fe, cooperación y en diálogo”.

Para Huerta, este cambio es un “gran paso” a favor de los inmigrantes sin papeles. “Puede proteger a muchas personas que son elegibles para la orden ejecutiva del presidente [Barack] Obama”, indicó.

A decir de Erika Pinheiro, abogada del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), el condado trata de resolver algunos de los vicios del criticado 287(g), como procurar el debido proceso en los casos de deportación, y exigir lineamientos específicos al Sheriff.