Autorizan ley antimigratoria en Carolina del Sur

La disposición, conocida como “muéstrame tus documentos”, había sido suspendida a finales de 2011 por el juez Richard Gergel, quien le retiró la suspensión en tanto se desahoga una demanda interpuesta por el gobierno federal y organizaciones de libertades civiles.

Sin embargo, el juez Gergel mantuvo la suspensión decretada a otras secciones de la S 20, entre ellas una que establece como delito ingresar o permanecer sin documentos en Estados Unidos y otra que castiga que el inmigrante sea transportado dentro de Carolina del Sur.

De esta forma, el estado será el segundo después de Arizona en exigir a sus policías revisar el estatus migratorio de quienes consideren sospechosos de ser indocumentados.

Ante ello, el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan, dijo a través de su cuenta en Twitter que “aún algunos creen que la inmigración se puede resolver vía violaciones a los derechos humanos y civiles”.

Añadió que “México continuará proveyendo de ayuda y protección consular a los mexicanos en Carolina del Sur, sin importar su estatus migratorio”.

La ley S 20 fue promulgada en junio de 2011, pero meses después el juez Gergel frenó su entrada en vigor hasta que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos se pronunciara sobre una ley similar, la también polémica SB 1070 de Arizona.

En junio de 2012, la Suprema Corte permitió la entrada en vigor sólo de uno de los cuatro grandes apartados de la SB 1070, el que autoriza a los policías de Arizona inspeccionar el estatus migratorio de las personas sospechosas de ser indocumentadas.

De esta manera, la decisión de Gergel en Carolina del Sur va acorde con lo determinado por la Suprema Corte en relación con la ley de Arizona.

Otro de los apartados que continúan suspendidos en Carolina del Sur establece como delito para cualquier persona dar en forma consciente albergue o transporte a algún inmigrante indocumentado.

La S 20 también convierte en delito el producir o vender una identificación falsa a un inmigrante indocumentado y establece una multa de 25 mil dólares para quien incurra en ello.

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