Autoridades anticipan nueva oleada de familias, niños centroamericanos

“Puede haber una nueva ola de menores, nosotros estamos monitoreando con la Patrulla Fronteriza para saber cómo están la detenciones en la frontera”, dijo Jimena Díaz, cónsul de Guatemala en Phoenix (Arizona).

La cónsul de Guatemala, país del que procede el mayor número de menores centroamericanos detenidos en la frontera (3,032) desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero pasado, indicó que cuando suba la temperatura podría haber un incremento en el ingreso de menores.

Según Salvador Sanabria, director de la organización centroamericana El Rescate, el Gobierno de Estados Unidos sabe que habrá una nueva ola.

“Tuvimos una reunión en noviembre con el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, y le pregunté las expectativas para el cruce de menores en el 2015, y me contestó que esperaban muchos más menores después de la primavera”, dijo Sanabria.

Agregó que las condiciones de violencia en países como El Salvador se han incrementado y hay un mayor control territorial de las organizaciones delictivas.

“Esto hace que los niños y adolescentes estén más vulnerables. Además de qué sirven las campañas que hacen si no llegan a las escuelas y a los barrios donde hay más pobreza”, agregó.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó que 68,541 menores solos y más de 66,000 unidades familiares cruzaron la frontera en el año fiscal 2014, la mayoría de ellos procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, países de los huyeron debido a la crisis económica y la violencia.

Esta masiva llegada provocó una “situación humanitaria urgente”, en palabras del propio presidente Barack Obama, con inmigrantes hacinados en centros de detención, en los que algunas familias permanecieron varios meses a la espera de audiencias en cortes de Inmigración.

Como parte de los esfuerzos del Gobierno para detener una nueva oleada se creó en noviembre pasado el Programa de Admisión de Refugiados, que permite a ciertos padres que residen de forma legal en EEUU que soliciten refugio para sus hijos si residen todavía en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Sin embargo, en opinión del abogado especializado en leyes migratorias Fernando Romo, esta iniciativa no soluciona el problema, pues la “espera para residentes es de tres años” y de los miles de menores que cruzaron la frontera ilegalmente apenas el 5% tiene alguno de sus padres con los documentos en regla en EEUU.

Las autoridades estadounidenses se encontrarán además con una complicación extra después de que el juez de la Corte Superior del Distrito de Columbia James Boasberg emitiese una orden preliminar que prohíbe la detención en la frontera de individuos que piden asilo político

El juez consideró que esta política de detenciones pretende disuadir de manera ilegal a otros de emigrar a EEUU, lo que dificulta uno de los pilares de la estrategia de Washington para atajar esta situación.

Según la orden, emitida el pasado viernes, estas detenciones lastiman psicológicamente a estas personas, especialmente a los menores de edad, y además las autoridades “han presentado poca evidencia empírica” de que esta política “realmente disuade a potenciales inmigrantes de América Central”.

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