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12,800: se dispara el número de niños inmigrantes detenidos por el gobierno

Publicado el 14 de septiembre de 2018
por Univision en Univision Noticias. Fotografía de Mike Blake/Reuters.
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    La cantidad de menores que permanecen en centros de detención del gobierno federal aumentó a niveles nunca vistos. Aunque cientos de niños separados de sus familias después de cruzar la frontera han sido liberados por orden de un juez federal, el número total de niños detenidos se disparó, reveló el diario The New York Times (NYT).

    Las cifras muestran que la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Donald Trump en la frontera no está dando los resultados que esperaba la Casa Blanca. Desde que entró en vigencia, el objetivo era reducir el número de indocumentados que vienen al país, muchos de ellos familias en busca de asilo tras huir de sus países a causa de la violencia y la pobreza.

    De acuerdo con datos obtenidos por el periódico, los niveles de población en refugios de menores manejados por el gobierno han aumentado más de cinco veces desde el verano pasado, alcanzando un total de 12,800 este mes.

    En mayo del año pasado había 2,400 menores inmigrantes no acompañados en esos centros manejados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que opera bajo el mando del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).

    El diario dice que el notable incremento en el número de familias y menores que han sido detenidos en la frontera cuando intentaban ingresar indocumentados al país, amenaza con colapsar la capacidad de respuesta del gobierno de Trump.

    Agrega que la crisis también se genera porque cada vez un mayor número de menores y familias no están siendo liberados tras la cancelación de la política del ‘catch and release’ (capturar y liberar), que permitía a indocumentados que no representan una amenaza para la seguridad nacional esperar en libertad la resolución de sus casos migratorios.

    Las liberaciones son respaldadas por el pago de fianzas, colocación de brazaletes o el aval de familiares o amigos que se comprometían a cumplir con los citatorios en los tribunales de inmigración.

    Pero esta opción es fuertemente criticada por el gobierno de Trump, que asegura que la mayoría de los liberados no cumple y termina recibiendo una orden de deportación en ausencia que no se ejecuta porque el extranjero se esconde en las sombras donde viven otros 11 millones de indocumentados.

    La mayoría de los 12,800 menores inmigrantes en centros de detención del gobierno, tanto quienes entraron solos o han sido separados de sus familias, permanece en un sistema de unos 100 refugios en todo el país. El mayor número de ellos está ubicado cerca de la frontera suroeste (con México).

    Los datos de los menores detenidos fueron compartidos con el periódico neoyorquino por miembros del Congreso. Los documentos muestran además que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por desalentar la llegada de más inmigrantes, el flujo de indocumentados se mantiene casi en las mismas cifras cuando estallo la crisis, en el año fiscal 2014.

    Añade que una de las mayores diferencias no radica en el numero de personas detenidas, sino en el bajo número de familiares que se acercan para patrocinar a un menor, esto causado por el miedo a las políticas migratorias del gobierno, que el 25 de enero del año pasado decretó que la permanencia indocumentada constituye una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

    Al mes de mayo, la capacidad de los centros de detención para menores creció en un 90%, en comparación con el 30 por ciento hace un año. Los reportes indican además que el crecimiento podría aumentar si continúa creciendo el número de aprehensiones en la frontera.

    Uno de los centros utilizado por el gobierno federal para albergar a menores inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera es el Homestead Temporary Center for Unaccompanied Children Homestead, ubicado en el sur de Florida.

    De acuerdo a una inspección fechada el 1 de agosto por Center for Human Rights and Constitutional Law, en el marco de una demanda que exige el respeto del Acuerdo Judicial Flores de 1997 y a la que tuvo acceso Univision Noticias, en ese lugar permanecen 1,247 menores.

    El reporte indica que el centro no cuenta con una licencia especial porque está siendo administrada por el gobierno federal, que inició sus operaciones el 29 de marzo de este año, pero que el gobernador de Florida, Rick Scott, no supo hasta junio que la instalación estaba abierta.

    Agrega que Scott se enteró de la existencia de este centro por la presión generada tras el intento infructuoso de la congresista Debbie Wasserman-Schultz de visitar las instalaciones en el mes de junio.

    El centro dice además en el reporte que, las instalaciones se asemejan a una cárcel rodeada de vallas, con acceso controlado por puertas con guardias de seguridad, y los niños deben estar siempre dentro de la línea de visión de un adulto.

    En cuanto a la administración de medicamentos a los menores sin el consentimiento de los padres, el centro respondió que cuando los menores pasan al cuidado del gobierno las decisiones las toma el secretario de Salud, a pesar que una corte federal de California ordeno en mayo que tolos los centros que alberguen menores migrantes dejen de administrarles cualquier tipo de medicamento.

    El centro también inspeccionó el centro de detención Casa Kopelli, ubicado en Meza, Arizona, donde al 1 de mayo había 239 menores inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) en la frontera.

    El reporte indica varios problemas hallados durante la visita, entre ellos que el personal del centro se negó a responder preguntas, barreras de idioma entre los cuidadores y los detenidos y la presencia durante 11 meses de un empleado que tenía antecedentes por abuso sexual.

    Otra de las anomalías reportadas fue que el centro no permitió que dos abogados interrogaran al mismo tiempo a un menor, que los entrevistadores llevaran grabadoras de mano para registrar las conversaciones, y en algunos casos limitaron los interrogatorios solo a conversaciones generales sobre el centro.

    Tampoco se pudo determinar el estado de salud de los menores detenidos en ese centro de detención, agrega el reporte.

    La semana pasada se reporto que la Casa Blanca elabora un plan para que el gobierno se salga del Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe la encarcelación de menores de edad en centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) o de la ORR.

    El acuerdo le ata las manos al gobierno con su política de tolerancia cero en la frontera, al impedir que prive de libertad a menores de edad detenidos cuando intentaban ingresar indocumentados al país.

    Según el gobierno, los menores arrestados solo pueden permanecer hasta un máximo de 20 días en un centro de detención y luego deben ser liberados en espera de una audiencia con un juez de inmigración quien decidirá sus futuros en Estados Unidos. El plazo es el resultado de una demanda pendiente que busca esclarecer el tipo de licencia que deben recibir estos centros para operar.

    La restricción, ha dicho la Casa Blanca en varias ocasiones, limita al gobierno en su capacidad para implementar y hacer cumplir la ley de inmigración, y poner fin a la inmigración.

    El gobierno se prepara para eludir los límites a la capacidad para retener a menores en cárceles de inmigración normados por el Acuerdo Flores, dijo el diario The Washington Post.

    El martes el gobierno anunció que triplicará el tamaño de una “ciudad de tiendas de campaña” temporal erigida en Tornillo, Texas, para albergar hasta 3,800 niños hasta el final del año, dijo el NYT.

    Agregó que defensores de los inmigrantes y miembros del Congreso reaccionaron con angustia ante esta noticia, porque las condiciones son comparativamente duras en este tipo instalaciones tan grandes, en comparación con los refugios tradicionales.

    Los centros de detención temporales como el de Tornillo también son más caras de operar, según la congresista federal Rosa DeLauro (Connecticut), la demócrata de mayor rango en el Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, que autoriza los fondos del programa de refugios.

    DeLauro dijo que tales instalaciones cuestan alrededor de $750 diarios por niño, equivalente a tres veces la cantidad de un refugio típico.

    “Están aumentando el costo y prolongando el trauma en estos niños”, agregó.

    Las autoridades federales dijeron que estaban lidiando con altos niveles de cruces fronterizos ilegales y solicitudes de asilo. “El número de niños extranjeros no acompañados detenidos es un síntoma del problema más grande de un sistema de inmigración quebrado”, dijo Evelyn Stauffer, secretaria de prensa del HHS en un comunicado.

    “Es por eso que el HHS se une al presidente para pedirle al Congreso que aborde este sistema de inmigración que se encuentra roto, y detenga los factores de atracción que han llevado a un aumento en el número de personas en la frontera sur de Estados Unidos”, añadió.

    El reporte del NYT coincide con un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde confirma que el total de familias migrantes arrestadas por cruzar de forma indocumentada la frontera entre México y Estados Unidos subió 38% en agosto con respecto a julio.

    Indica que más de 12,700 personas que cruzaron la frontera sin documentos de inmigración por zonas no autorizadas, fueron arrestadas el mes pasado por agentes del CBP, la cifra más alta para un mes de agosto.

    Las cifras registran un fuerte incremento con respecto al mismo mes de 2017, pese a las temperaturas más altas de lo normal para esta época del año, dijo la agencia AFP.

    Entre el 5 de mayo y el 9 de junio, el DHS arrestó y presentó cargos criminales a padres cuando intentaban entrar indocumentados al país como parte de la política de tolerancia cero. La orden permitió al gobierno separar forzosamente a más de 2,600 menores que fueron enviados al cuidado del HHS.

    El 26 de junio una corte federal del sur de California, en San Diego, ordenó al gobierno que en un plazo de 30 días reunifique a todas las familias afectadas.

    Siete semanas más tarde del vencimiento del plazo, más de 430 menores siguen en poder del gobierno federal y la mayoría de sus padres fueron deportados solos a sus países de origen.

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