México y las dos caras de su moneda

Ángel salió de Honduras el 7 de enero de 2009 por motivos económicos. Como cualquier migrante, como cualquiera de nosotros, buscaba un sustento que pudiera darle a los suyos una mejor calidad de vida. Sobre todo porque tenía un hijo con cáncer, a quien no podían pagarle el tratamiento médico para que sobreviviera. Hoy, el hijo de Ángel está muerto, pues no pudo recibir la atención que necesitaba.

Hoy también, Ángel está encarcelado. Como miles migrantes, fue víctima de la delincuencia, y de unos policías que, en lugar de protegerlo, abusaron de él y lo incriminaron. México, un país de emigrantes e inmigrantes, que manifiesta una de sus peores caras cuando de inmigrantes latinoamericanos se trata.

En su travesía, Ángel llegó a Chiapas, luego pasó por el Distrito Federal y terminó su viaje “voluntario” en Tijuana en marzo de 2009. Ahí conoció a una persona que le ofreció cruzarlo a Estados Unidos, sin embargo, éste no tardó en convertirse en su secuestrador. Ángel terminó encerrado en una casa de seguridad en Tijuana donde tuvo que realizar labores forzadas de limpieza para obtener alimento y seguir con vida.

Ese mismo mes, llegó un operativo policiaco a la casa de seguridad, y si bien Ángel era (y es) una víctima y esperaba ser rescatado, lo trataron como parte de la banda delincuencial. Lo detuvieron con otras diez personas por el delito de delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del ejército y delitos contra la salud. Vale la pena aclarar que existen testimonios de algunos de los detenidos en los que reconocen que Ángel sólo es migrante y que no pertenecía a la banda. Evidentemente estos testimonios no han sido tomados en cuenta.

Actualmente, Ángel sigue esperando su sentencia a pesar de ser inocente, por los delitos mencionados, en una cárcel en Tepic, Nayarit.

Fue hasta tiempo después de su declaración ministerial que en su calidad de migrante hondureño fue asistido por personas de su consulado, pues cuando pidió hacer una llamada a dicha institución al momento que fue detenido, ésta le fue negada. A esta restricción de sus derechos debemos agregarle tortura física y psicológica para obligarlo a firmar una declaración fabricada, sobre la cual está basada su supuesta “culpabilidad”. A Ángel  se le ha impuesto el deber de “demostrar” su inocencia, como en la práctica se le impone a muchas personas detenidas en México, violando el principio de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso. En suma, a Ángel se le han violado al menos: su derecho a libertad personal, a la integridad personal, a la asistencia consular, a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Pero, ¿dónde están las autoridades mexicanas que defendieron durante lustros los derechos consulares de los mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos? Recordemos un poco.

El famoso y desgastado caso “Avena[1]” que desde 1997[2] hasta 2008[3] México gastó decenas de miles de dólares en abogadas y abogados para que realizaran acciones diplomáticas, políticas y jurisdiccionales ante diferentes instancias nacionales (de Estados Unidos) e internacionales. Todo con el objeto principal de que sus paisanos en el país vecino no fueran ejecutados por sanciones impuestas como resultado de procesos penales.El argumento del Estado Mexicano fue la violación al derecho a la asistencia consular que habían sufrido sus ciudadanos, afectando, decía México, el debido proceso de todos ellos.

México no sólo solicitó una opinión en relación con el derecho a la asistencia consular a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), concediéndole a esta última el fallo a su favor[4]. La CIJ, resolvió que Estados Unidos, a través de sus cortes, debía revisar y reconsiderar sus sentencias en los más de 50 expedientes de personas mexicanas sentenciadas a muerte, ya que no se les había respetado su derecho a la asistencia consular de manera “inmediata” contemplado en el artículo 36.1.b de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares.

Si bien hubo bastante discusión y debate acerca de este derecho contemplado en una Convención que no tenía como primer objetivo establecer derechos, al final la CIJ, decide que el derecho a la asistencia consular es un derecho del que deben gozar aquellas personas extranjeras que son detenidas, y que esta asistencia debe otorgarse de manera “inmediata” o “sin dilación” para que pueda cumplirse con los objetivos para los cuales fue establecido el derecho. Es decir, que el detenido o la detenida sean asesorados en su idioma, por una persona que conozca sus costumbres y tradiciones y además, que conozca el derecho penal del país receptor; todo ello con el fin de que se respete el debido proceso en todo momento.

Por lo que, en caso de no respetarse el derecho a la asistencia consular puede verse afectado gran parte del proceso penal.

Finalmente, a pesar de que el entonces presidente George W. Bush mandó un memorando a las cortes de los estados que tenían alguno de los más de 50 casos de mexicanos sentenciados a muerte, con el objeto de que se diera cumplimiento al fallo de la CIJ, la Suprema Corte de Estados Unidos decidió que de ninguna manera éste memorando era vinculatorio para las cortes locales. Así pues, y en virtud de que los estados no reconocen la jurisdicción de la CIJ, las cortes han continuado con el cumplimiento de sus sentencias[1].

México se ha pronunciado por diversos medios y en muchas ocasiones sobre la gravedad que significa para nuestro país esta decisión de las cortes estadounidenses. Pero ¿con qué cara es que las autoridades mexicanas se indignan y reclaman derechos para sus ciudadanos en el extranjero, si probablemente seamos el país de tránsito más peligroso para migrantes[2]? Cómo si tenemos casos como el de Ángel Amílcar Colón Quevedo en el que no sólo no se le garantizó su derecho a la asistencia consular, sino que se le torturó y se le está  procesando por delitos que no cometió.

Y por supuesto, no considero que esté mal que en el extranjero se defiendan los derechos de nuestros paisanos, si no que, ante la gravísima situación de violencia en contra de migrantes que tenemos en México, cómo es que no aplicamos ni siquiera una pizca de la energía y los recursos de las autoridades en defender también los derechos de los invisibles, los indocumentados, los migrantes.

Y es que no es más importante el derecho del mexicano en el extranjero, ni tampoco el del extranjero en México. Son iguales, y es tan responsable el Estado Mexicano por sus ciudadanos en el extranjero, como por aquellos que se encuentran en nuestro territorio, siendo o no ciudadanos mexicanos. Basta con leer el artículo 1 de la Constitución Federal y los artículos 1 y 2 de la Ley de Migración.

El caso de Ángel no es aislado, y para darnos una pequeña idea de la probable frecuencia con la que suceden estas violaciones, mencionamos un dato que deriva de una investigación realizada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de donde se desprende que tan sólo entre mayo y octubre de 2013 hubo un total de 1219 personas centroamericanas encarceladas en México, acusadas de delito como homicidio, delincuencia organizada, posesión de armas y delitos contra la salud[1].

Algunas organizaciones nacionales e internacionales han investigado y denunciado las gravísimas violaciones a los derechos humanos de los migrantes[2], sin que el Estado Mexicano haga algo al respecto.

México tiene dos caras muy diferentes que mostrar cuando se trata de migración, y aún más cuando se trata de la defensa del debido proceso penal y los derechos consulares.

Ojalá que las autoridades mexicanas tomen en cuenta las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en contra de Ángel, que la Procuraduría General de la República se desista de la acusación en su contra y, en caso de que esto no suceda así, que el juez de la causa confirme su inocencia ordenando su inmediata liberación.

Al menos con esto un poco más cerca de la congruencia con el discurso político que México ha manejado cuando de sus connacionales en Estados Unidos se trata.

Por nuestra parte queda apoyar y difundir el caso de Ángel, quien hace un tiempo ha sido asesorado jurídicamente por abogadas y abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Esperemos que se haga justicia, y que no sólo se reconozca la inocencia de este migrante, si no que también se reparen los daños causados por más de cinco años de injusticias.

Si deseas saber más sobre este caso puedes ingresar a los siguientes links:

http://centroprodh.org.mx/accionesurgentes/?p=162

http://www.alzatuvoz.org/amilcar/

Bibliografía:

[1] Llamado así ante la Corte Internacional de Justicia.

[2] Año en que México solicitó una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre ‘’diversos tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos’’. Opinión Consultiva OC-16/99

[3] Año en que el portavoz del Gobernador del Estado de Texas anunció que dicho Estado no está obligado a obedecer sentencias de cortes internacionales, por lo que procedieron a la Ejecución de José Ernesto Medellín.

[4] La Corte Interamericana de Derechos Humanos si bien no emitió un fallo, pues no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos de América, sí emitió la Opinión Consultiva OC-16/99.

[5] Aunque solamente ha habido cinco ejecuciones de mexicanos en Estados Unidos por imposición de pena de muerte, siendo cuatro de ellos parte del Caso Avena. Véase en El Caso Avena: A diez años del fallo de la Corte Internacional de Justicia, mayo de 2014. Elaborado por el centro de estudios internacionales Gilberto Bosques.

[6] Henriquez Elio y Manzo Diana. México, la ruta migratoria más peligrosa del mundo: hondureños.  Diario La Jornada, publicado el 7 de abril de 2014.

[7]González Núñez Denise. Ángel: migrante afro hondureño torturado y encarcelado en México. Oxford Human Rights Hub. A global perspective on human rights. Consultado el 25 de agosto del 2014 en:

http://ohrh.law.ox.ac.uk/angel-migrante-afro-hondureno-torturado-y-encarcelado-en-mexico/?lang=es disponible también en http://centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=35920.

[8] Verbigracia 1. ‘’Víctimas invisibles: Migrantes en movimiento en México’’ de Amnistía Internacional; 2. Un trayecto peligroso por México: Violaciones a Derechos Humanos en contra de los migrantes en tránsito’’ de WOLA y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; y 3. ‘’El análisis de la situación de los derechos de las personas migrantes de origen extranjero en la ciudad de México 2007-2012’’ de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

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