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12 Principios para evaluar el plan de la alianza para la prosperidad del Triángulo Norte.

Publicado el 8 de octubre de 2014
por Wola Advocacy for Human Rights in the Americas

El gran número de niños y familias centroamericanas que cruzaron la frontera sur de los Estados Unidos este verano puso el foco de atención en las condiciones de seguridad y socio-económicas en los países del triángulo norte. La situación también dejó en claro que a menos que los factores que impulsaron originalmente estos niños a migrar sean atendidos, muchos seguirán buscando refugio en los Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer para atender la falta de oportunidades económicas y los altos niveles de delincuencia y violencia que impulsan esta migración?

El 23 de septiembre, el Secretario de Estado de los Estados Unidos John Kerry se reunió con los Ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala, El Salvador y Honduras paralelamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York para discutir precisamente esta pregunta.                                                                                                                                                          

¿Cómo deberían los Estados Unidos responder y evaluar la Alianza para la Prosperidad?

Si el plan es sólido, los Estados Unidos deberían estar preparados para responder con apoyo financiero, técnico y político. Estimaciones recientes sugieren que Estados Unidos invirtió más de $9 mil millones de dólares durante los conflictos Centroamericanos de la década de los ochentas. En contraste, la asistencia otorgada en años recientes para el desarrollo, la gobernabilidad y la aplicación de la ley ha sido sólo una fracción de esta: mucho menos de $200 millones de dólares al año. Si bien es cierto que las restricciones presupuestarias son reales, es de interés de los Estados Unidos asegurarse que la seguridad ciudadana y el desarrollo económico se arraiguen en Centroamérica.

Los Estados Unidos deberían revisar el plan y sus componentes cuidadosamente. A continuación se enumeran 12 principios claves que deben ser considerados a la hora de evaluar y responder a la Alianza para la Prosperidad. Consideramos que es crucial asegurar que cualquier plan que los Estados Unidos apoye sea integral; claramente encauzado y estratégico; que incluya indicadores que permitan su evaluación; y que cuente con el serio respaldo de parte de los gobiernos centroamericanos para su implementación; una lucha frontal contra la corrupción; y la promoción de la transparencia.

PRINCIPIOS CLAVES:

  1. Asegurar que las estrategias del plan sean integrales y coordinadas dentro de cada país. El plan debe abordar directamente múltiples elementos concernientes a la falta de oportunidades y la inseguridad, y reflejar prioridades claras. Debe basarse en inversiones inteligentes y no sólo en financiamiento adicional. El plan debe identificar los diversos factores de la problemática, determinar prioridades, y proponer soluciones que incluyan múltiples programas y agencias gubernamentales. Por otra parte, el plan debe buscar coordinar el aporte y apoyo de diversos donantes internacionales junto con la consulta y participación de la sociedad civil.
  2. Los gobiernos deben demostrar un compromiso institucional con la implementación del plan. A menudo los gobiernos han acordado verbalmente apoyar programas que, por ejemplo, se enfocan en áreas marginales o comunidades con un alto número de migrantes o que buscan identificar y despedir a policías vinculados en actos de corrupción, pero luego implementan medidas de desarrollo que tienden a beneficiar más a las élites o que no son capaces de investigar a funcionarios de alto nivel. Esto tiene como resultado la desviación o el desperdicio de fondos de la cooperación internacional. Los Estados Unidos y otros donantes deben apoyar programas que los gobiernos estén comprometidos en implementar en su integridad.
  3. Invertir en reformas institucionales que mejoren la vida diaria de los Centroamericanos. Esto requiere un énfasis en apoyar reformas de los cuerpos policiales y otras instituciones de justicia criminal, incluyendo en reformas encaminadas a fortalecer las capacidades de investigación criminal, el control del abuso policial, el mejoramiento de la relación entre la policía y la comunidad, y un enfoque en crímenes que afectan la calidad de vida de la ciudadanía, como la extorción. Estos temas merecen prioridad sobre cualquier plan que haga hincapié solamente en la interdicción de drogas y unidades policiales especializadas y vetadas, o que otorgue a las fuerzas militares un rol de liderazgo en temas policiales y de aplicación de la ley.
  4.  Fortalecer la transparencia y combatir la corrupción. La corrupción de funcionarios públicos—policías, jueces, agentes de aduanas, funcionarios contratistas y políticos—es un problema profundamente arraigado en Centroamérica. En las últimas dos décadas, el crecimiento de grupos de crimen organizado ha empeorado la situación. La Alianza para la Prosperidad debe incluir mecanismos para aumentar la transparencia de organismos gubernamentales, y debe apoyar el desarrollo y la implementación de mecanismos de supervisión interna y externa de parte de la ciudadanía.
  5. Fomentar la capacidad y la rendición de cuentas de los sistemas judiciales y los ministerios públicos y brindar protección a testigos en casos sensibles.Tanto la corrupción como la falta de capacidades son graves problemas en los sistemas judiciales y fiscalías en los tres países del triángulo norte. Un estudio reciente en El Salvador encontró que sólo el 5 por ciento de los casos presentados al Ministerio Público, independientemente de si fueron presentados por la policía o civiles, llegan a un veredicto final. Estas debilidades significan que la violencia queda impune y su disuasión inefectiva. El plan debe enfocar esfuerzos en evaluar y fortalecer al sector judicial y a las fiscalías. Dado que las amenazas contra testigos frecuentemente previenen el progreso de investigaciones criminales, se debe brindar apoyo a planes que establezcan programas de protección a testigos efectivos.
  6. Apoyar esfuerzos de prevención de violencia a nivel comunitario y basados en la evidencia. LosEstados Unidos y otros donantes han apoyado programas de prevención de la violencia juvenil y estrategias de prevención de violencia a nivel municipal, pero hace falta una mejor y planificación integral. Evaluar los programas existentes, ampliar aquellos que se demuestran ser exitosos e identificar maneras para asegurar su sostenibilidad a largo plazo deben formar parte de cualquier plan efectivo de seguridad ciudadana. 
  7.  Orientar la implementación de programas de capacitación laboral y generación de empleo en comunidades donde los jóvenes están especialmente en riesgo, y de donde muchos jóvenes están emigrando. Estos esfuerzos deben incluir un enfoque considerable en programas integrales para jóvenes en comunidades marginalizadas del área urbana y medidas para expandir programas que ayuden a la reinserción económica y social de jóvenes repatriados de los Estados Unidos y México. A su vez deben incluir una inversión en programas de desarrollo rural orientado a comunidades con altos niveles de migración y apoyo a iniciativas que beneficien a campesinos y generen oportunidades de empleo adicional en áreas rurales. Dado que las sequías y los problemas producidos por la roya de café están perjudicando la subsistencia en muchas zonas rurales en la región, el plan debe incluir programas para apoyar a los más afectados.
  8. Enfatizar la reforma fiscal y la sostenibilidad a largo plazo de los programas.Los gobiernos Centroamericanos tienen recursos financieros limitados y tasas de impuestos relativamente bajas. No están en una posición para hacer todo lo necesario para proporcionar oportunidades y mejorar la seguridad. Es por eso que están recurriendo a los Estados Unidos y otros donantes en búsqueda de apoyo. Con el tiempo, estos programas tendrán que ser autosuficientes. Esto requerirá una reforma fiscal y el apoyo presupuestario de los gobiernos Centroamericanos. Compromisos para para asegurar la autosuficiencia de los proyectos deben ser un prerrequisito para cualquier plan ambicioso. 
  9. Reconocer que países diferentes requieren de estrategias diferentes. Hay elementos comunes en la problemática de inseguridad y falta de oportunidades de los países del triángulo norte, pero existen diferencias importantes también. El Salvador, Honduras y Guatemala difieren en la estructura de sus economías, prioridades e intereses de sus respectivos gobiernos, y en las capacidades de sus sociedades civiles. Los Estados Unidos y otros donantes internacionales deben reconocer estas diferencias. En dónde la capacidad o la voluntad política es débil, puede ser más apropiado limitar el apoyo a grupos de la sociedad civil u orientarlo a otras áreas.
  10. Evitar cualquier plan que se enfoque únicamente en atender un elemento del problema. Si el componente de seguridad de la Alianza para la Prosperidad se centra únicamente en las pandillas o el narcotráfico, fallaría en cumplir con este criterio, al igual que un plan centrado únicamente en apoyo a la policía. En el otro extremo del espectro, si el plan está compuesto por una larga lista de programas dispersos o desenfocados de varias agencias de gobierno, también fallaría en cumplir con este criterio.
  11. Evaluar los éxitos y los fracasos. El plan debe apoyar modelos basados en la evidencia e incluir indicadores claros para medir su éxito y progreso. Un plan para abordar la falta de oportunidad tiene que definir cuantos puestos de trabajo fueron generados o cuantos jóvenes se establecen trabajo por cuenta propia. Asimismo, un plan de seguridad ciudadana tiene que establecer indicadores para evaluar el grado al cual se ha mejorado la confianza de la ciudadana en la policía, o el porcentaje de denuncias que son tramitadas e investigadas, entre otros indicadores.
  12. Asegurar que el plan incluye mecanismos para la coordinación efectiva de la cooperación internacional. Un número importante de donantes bilaterales, multilaterales y privados apoyan actualmente iniciativas para reducir la violencia y la pobreza en la región. Desde 2008, la comunidad internacional ha proporcionado alrededor de $1,7 mil millones de dólares para apoyar programas relacionados con la seguridad ciudadana en Centroamérica. La coordinación entre los donantes es clave para contribuir a la duplicidad o contradicción de la asistencia extranjera y para aumentar su eficiencia.
Clasificación

Nivel legislativo

País
Guatemala

Temática general
[Migración][Niñez migrante][Migrantes]

Temática específica
[188][159][69]

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